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Donald Trump ha transformado la presidencia de Estados Unidos en una fuente directa de ingresos personales, explotando el poder del cargo como ningún otro mandatario.
Desde su regreso al poder en 2025, ha tejido una red de negocios familiares, criptomonedas, donaciones extranjeras y beneficios institucionales que han incrementado su fortuna en más de mil millones de dólares.
Uno de los casos más comentados fue una cena en Mar-a-Lago que derivó en la financiación de una película promocional sobre Melania Trump. El patrocinador: Jeff Bezos. El resultado: 28 millones de dólares para la exprimera dama.
Este episodio se suma al lanzamiento de la criptomoneda $TRUMP, con más de 320 millones de dólares generados en comisiones, y a la apertura del club exclusivo Executive Branch, donde la membresía cuesta 500 mil dólares.
El poder presidencial ha servido como plataforma para acuerdos internacionales que involucran directamente a los hijos del mandatario. Donald Trump Jr. y Eric Trump lideran negociaciones con socios estratégicos, como un reciente convenio de 2 mil millones de dólares con Emiratos Árabes Unidos vinculado a una empresa de criptomonedas de la familia.
Aunque las leyes federales sobre conflictos de interés no aplican al presidente, la concentración de poder y la falta de fiscalización han permitido que estas actividades se desarrollen sin consecuencias legales.
Uno de los eventos más controvertidos fue la entrega de un jet de lujo por parte del gobierno de Catar, valorado en 200 millones de dólares, supuestamente para la futura biblioteca presidencial. La cifra supera todos los regalos extranjeros entregados a presidentes estadounidenses anteriores juntos.
Según la fiscal general Pam Bondi, exasesora de Catar, el obsequio fue legal. Sin embargo, figuras como Elon Musk, cuyo colaborador cercano fue nombrado por Trump como administrador de NASA, generan sospechas sobre tráfico de influencias.
La administración ha desmantelado mecanismos de control como los inspectores generales y ha cerrado canales de rendición de cuentas. El Departamento de Justicia y el Congreso, controlados por aliados del presidente, han impedido que se abran investigaciones.
A pesar de ello, una encuesta de Harvard/CAPS Harris reveló que el 62 por ciento de los estadounidenses considera éticamente preocupante el regalo catarí. Incluso voces conservadoras como Ben Shapiro y Tucker Carlson han manifestado alarma por el rumbo que ha tomado la presidencia.
El senador Chris Murphy denunció lo que calificó como “corrupción descarada”, aunque admitió que no habrá consecuencias mientras Trump conserve el control institucional.
«Lo de Trump no tiene precedentes”, afirma Michael Johnston, experto en corrupción. “Representa un desprecio total por las normas éticas que han guiado a la presidencia durante generaciones”, concluye.
