En Tamaulipas no hay gobierno: hay consigna. Américo Villarreal persigue periodistas, paga venganzas con dinero público y le rinde cuentas a Morena, no a los tamaulipecos.

Este fin de semana se cruzó una línea grave.

Un notificador del Instituto Electoral del estado se presentó en la casa de un columnista de El Universal para informarle que debía borrar su columna sobre la red de huachicol que financia campañas morenistas.

¿Y quién lo denunció? Se desconoce.

¿Con qué autoridad? Con ninguna.

¿Y cómo obtuvieron su dirección? El INE se las dio. Así, sin pudor.

La columna que quisieron desaparecer es de Héctor de Mauleón. Denuncia cómo operan las mafias aduaneras, protegidas por funcionarios de Morena, con el aval de una autoridad que prefiere censurar antes que investigar.

La instrucción fue clara: borrar el texto y callar al autor.

Y si eso no basta, Reforma destapó que el gobierno de Villarreal pagó 23.2 millones de pesos a un despacho privado, Olea y Asociados, para litigar asuntos personales del gobernador, incluyendo denuncias contra su antecesor, Francisco García Cabeza de Vaca.

¿El colmo? El director del bufete, Víctor Olea, es nada menos que presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

Según Javier Lozano, abogado, exsecretario de Estado y profesor en la Escuela Libre de Derecho, esto es absolutamente ilegal y evidencia una burda persecución política.

No es menor: el dinero público se usa para pagarle a un litigante con poder institucional, que opera como abogado de Morena y del gobierno estatal, al mismo tiempo.

La persecución política ya no se disfraza. Se factura.

La censura ya no se esconde. Se notifica.

En Tamaulipas, el poder se usa para callar, castigar y cobrar.

Los invito a seguirme en X como @_jlparra, donde estaré más activo y compartiendo información sobre temas coyunturales, especialmente los que algunos buscan censurar. Además, estaré publicando columna diaria.

Excelente inicio de semana.