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Durante la discusión de la Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos, la diputada Carmen Rocío González Alonso, propuso a nombre de la fracción parlamentaria del PAN, suspender su discusión y proceso porque, advirtió, vulnera la autonomía de los estados y municipios, atenta contra el federalismo, viola el proceso legislativo y busca implantar un sistema de vigilancia masiva.
La legisladora por Chihuahua señaló en tribuna que Morena, mediante reformas impulsadas desde el Ejecutivo, ha trabajado sistemáticamente para destruir los cimientos de la transparencia y la rendición de cuentas. «Cada reforma que instruye a sus diputados es para abandonar el camino de la transparencia», enfatizó.
González Alonso sostuvo que la ley carece de elementos esenciales como la consulta pública, la participación ciudadana y un análisis serio de los riesgos y problemáticas que provocaría eliminar avances previos en mejora regulatoria.
“Estos procesos deben contar con análisis de impacto regulatorio, consulta pública y mecanismos de revisión periódica para asegurar su efectividad y pertinencia. No podemos avanzar destruyendo lo que ya se había construido para hacer regulaciones más efectivas, eficientes y justas», aseveró.
Asimismo, alertó sobre el riesgo de centralización excesiva, al otorgar amplias facultades normativas, operativas y sancionadoras a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDyT), sin establecer controles independientes ni órganos colegiados que equilibren su poder.
En su crítica, González Alonso destacó que, en realidad, lo que pretende esta ley no es reducir trámites, sino crear un sistema de vigilancia masiva. “Todo lo que pase por esta agencia será controlado por una sola persona. Es un paso para que el Estado pueda rastrear, vigilar y controlar a cualquier ciudadano con un solo clic, sin controles independientes y sin protección real de nuestros datos personales”, advirtió.
La diputada señaló que esta concentración de poder y datos representa un grave riesgo para la privacidad y los derechos de los ciudadanos, ya que el Gobierno federal planea que una sola institución —y peor aún, una sola persona— administre los datos personales y biométricos de la población, sin contar con mecanismos adecuados de privacidad y protección.
«Lo que buscan no es modernización, es sometimiento. No pretenden reducir trámites burocráticos, sino construir un sistema de vigilancia como en los peores regímenes autoritarios», concluyó.
