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El hallazgo de restos humanos en el Rancho Izaguirre, en Jalisco, reavivó cuestionamientos sobre la impunidad y la falta de información sobre las propiedades utilizadas por el crimen organizado. A más de una semana del descubrimiento, las autoridades no han podido identificar al dueño del rancho, lo que ha generado dudas sobre el control de predios donde ocurren crímenes de alto impacto.
Casos similares han sido documentados en otras entidades. En Chihuahua, el hallazgo de 83 restos óseos en 10 fosas clandestinas dentro del rancho El Willy, en el municipio de Casas Grandes, evidenció nuevamente el uso de sectores rurales para ocultar víctimas. La Fiscalía General del Estado indicó que se realizan estudios forenses para determinar la identidad de los restos, pero hasta el momento no se han reportado avances significativos.
Tamaulipas también acumula antecedentes de violencia extrema en espacios privados. En San Fernando, en 2010, fueron hallados 72 migrantes asesinados, y un año después, se encontraron 193 cuerpos en fosas clandestinas de la misma zona. Recientemente, en Reynosa, organizaciones civiles han denunciado la posible existencia de un crematorio clandestino utilizado por grupos delictivos, aunque las investigaciones siguen en curso y las autoridades locales advierten que es la construcción de un crematorio privado.
El uso de predios como sitios de exterminio ha sido un patrón en varias regiones del país, y la falta de información sobre los propietarios dificulta las investigaciones. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen exigiendo justicia y respuestas sobre quiénes permitieron, facilitaron o ignoraron estas operaciones clandestinas.
