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El Congreso de Chihuahua convocó a comparecer a Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública en el Estado, ante las Comisiones Unidas de Igualdad y Seguridad Pública para que rinda un informe sobre los hechos ocurridos el pasado 8 de marzo, relacionados con la detención de mujeres manifestantes y se inicie una investigación sobre las personas que participaron en dicha detención.
Además de lo anterior, para que dé a conocer los protocolos y lineamientos aplicados durante la manifestación; otorgue un informe de las acciones que se implementarán para garantizar el respeto a los derechos humanos de las manifestantes en futuras movilizaciones, y medidas de sanción a funcionarios o elementos de seguridad que hayan incurrido en posibles violaciones a los derechos fundamentales.
Todo lo anterior, luego de aprobar la proposición presentada por la diputada América Victoria Aguilar Gil (PT), quien, en tribuna dio a conocer los hechos por los cuales se sustenta la petición en cuestión.
La legisladora explicó que, de acuerdo con múltiples fuentes periodísticas y testimonios, la jornada de manifestación se vio empañada por la intervención de cuerpos de seguridad que llevaron a cabo diversas detenciones de mujeres, algunas de ellas identificadas como activistas y defensoras de derechos humanos.
Dijo, según reportes de medios de comunicación locales y nacionales, al menos tres mujeres fueron detenidas sin una causa clara y fueron trasladadas a instalaciones de seguridad sin que se les permitiera comunicación inmediata con abogados o familiares. Testimonios de manifestantes, así como en videos publicados en redes sociales las detenciones fueron violentas y sin justificación aparente.
En ese sentido, señaló, no pueden existir dichas arbitrariedades por parte de las autoridades del estado ya que es un derecho instaurado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual protege el derecho a la manifestación y la protesta pacífica en sus artículos 6 y 9, al igual que tratados internacionales suscritos por México, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Ante ello, resulta indispensable que las autoridades estatales expliquen los fundamentos legales de su actuación, los protocolos utilizados y las medidas que adoptarán para prevenir violaciones a los derechos humanos en futuras movilizaciones.
