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A dos días de la manifestación que tuvo lugar el sábado 8 de marzo, día en que las mujeres exigen justicia y el cese de la violencia sistemática en su contra, el gobierno no ha retirado el blindaje de los edificios gubernamentales en el Centro Histórico de Chihuahua capital. Continúan instaladas las vallas metálicas, las placas de madera comprimida y las láminas de acero.

El muro perimetral, informó el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, será desmontado entre la noche de este lunes 10 de marzo y la madrugada del martes 11, para que, antes del amanecer, Palacio de Gobierno, Museo Casa Chihuahua, Plaza Hidalgo y el Ayuntamiento se encuentren despejados.

Bajo el contrato SH/LPE/044/2023, la administración estatal sostuvo con la empresa Sujetadores de Acero S. A. de C. V. Un total de 608 cercas de 3 metros de altura, cada una con un valor de $55 mil 677.45 pesos, monto que, más el Impuesto al Valor Agregado, ascendió a $64 mil 585.8 pesos. En suma, $39 millones 268 mil 191 pesos por el material.

El blindaje, por primera vez, abarcó el antimonumento de la Cruz de Clavos, símbolo de las víctimas de feminicidios, desapariciones e injusticias que, a lo largo de veinticuatro años, han marcado a la entidad federativa. Antimonumento que, desde su creación en noviembre de 2001, ninguna autoridad había cercado. Un hecho que impidió recordar, como cada año al final de la movilización del 8M, a las mujeres que han sido asesinadas y cuya justicia no ha llegado hasta la fecha, a quienes el Movimiento Estatal de las Mujeres (MEM) suele dejar una ofrenda floral.

El cerco también abarcó, por segundo año consecutivo, la placa por el asesinato de la activista Marisela Escobedo Ortiz a manos de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, cometido durante la noche del 16 de diciembre de 2010 cuando ella exigía justicia frente a Palacio de Gobierno por el asesinato de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, de sólo dieciséis años.