Los empleados trabajaban inicialmente para el Servicio Digital de Estados Unidos, que se transformó en DOGE después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo el 20 de enero y pusiera a Musk al frente.

El hombre más rico del mundo cuenta con un pequeño grupo de empleados leales para recortar drásticamente el gasto federal.

Aunque Musk no es el administrador formal de DOGE, el jefe de SpaceX, Tesla y la red social X dirige las operaciones y asistirá incluso a la primera reunión del gabinete del segundo mandato de Trump el miércoles.

El millonario no tiene un cargo ministerial ni autoridad formal para tomar decisiones, sino el estatus de «empleado gubernamental especial» y «asesor principal del presidente».

Musk minimizó la importancia de las dimisiones, diciendo que los trabajadores eran «remanentes políticos» que trabajaban de forma remota y se negaron a regresar a la oficina como ordenó Trump.

«Los habrían despedido si no hubieran renunciado», añadió en su plataforma X.

Los firmantes describen un proceso de transición caótico que comenzó el 21 de enero con entrevistas realizadas por individuos no identificados que llevaban insignias de visitante de la Casa Blanca.

Los entrevistadores cuestionaron al personal sobre lealtad política, intentaron crear división entre los miembros del equipo y mostraron «una capacidad técnica limitada», aseguran.

Las tensiones se intensificaron el 14 de febrero cuando aproximadamente un tercio del personal del anterior servicio digital fue despedido abruptamente a través de un correo electrónico anónimo.

Los empleados despedidos habían estado trabajando en la modernización de sistemas gubernamentales críticos, incluyendo la Seguridad Social, los servicios para veteranos, la declaración de impuestos, la atención médica y las plataformas de ayuda en desastres, según la carta.

«Su eliminación pone en peligro a millones de estadounidenses que dependen de estos servicios todos los días», precisa. La pérdida de su experiencia tecnológica «hace que los sistemas críticos y los datos de los estadounidenses sean menos seguros», afirman en la misiva.

Los empleados se negaron explícitamente a participar en lo que describieron como esfuerzos para «comprometer los sistemas gubernamentales fundamentales, poner en peligro los datos sensibles de los estadounidenses o desmantelar servicios públicos críticos».