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La senadora del Partido Verde, Maki Esther Ortiz Domínguez, con el respaldo de legisladoras y legisladores de diversas fuerzas políticas, presentó una iniciativa clave para la creación de la Ley General de Biodiversidad, la cual busca establecer un marco legal robusto y eficiente para frenar la degradación ambiental, proteger las especies en peligro y garantizar la conservación de los ecosistemas en México.
La propuesta legislativa reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la abrogación de la Ley General de Vida Silvestre. Entre los principales puntos destacan la ampliación de áreas naturales protegidas, el fortalecimiento de estrategias para la restauración de ecosistemas degradados, la creación de un sistema de monitoreo ambiental más robusto, la promoción de un uso sustentable de los recursos naturales, entre otros.
Asimismo, destaca la importancia de adoptar el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica, el cual establece compromisos internacionales para detener y revertir la pérdida de biodiversidad de cara al año 2030
“México es uno de los países más megadiversos del mundo. Sin embargo, enfrentamos una grave crisis ambiental derivada de la deforestación, la fragmentación de ecosistemas y la sobreexplotación de recursos naturales”, declaró la senadora Ortiz Domínguez.
Según el INEGI, los costos totales de la degradación ambiental representan el 4.5% del PIB nacional y más de 2,400 especies se encuentran en riesgo de extinción.
Durante su intervención, la senadora destacó que su propuesta ha recibido el respaldo de más de 50 senadoras y senadores, lo que representa un compromiso histórico con el medio ambiente y coloca a México en la vanguardia de la protección de la biodiversidad a nivel mundial. Además, de organizaciones ambientales, quienes reconocen la urgencia de fortalecer la política ambiental en nuestro país, y buscar mecanismos claros para su protección, regulación y uso sostenible.
Por otra parte, la senadora Ortiz Domínguez destacó que este esfuerzo legislativo también subraya el papel clave de las comunidades indígenas y locales en la protección de la biodiversidad. “Con esta propuesta, se fortalece, moderniza y armoniza nuestra legislación con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país”, concluyó.
