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Las fuerzas de seguridad en Chihuahua arrestaron a dos personas durante el desalojo en el asentamiento migrante de la colonia Robinson, al sur de la mancha urbana. Una de ellas, según corroboran datos de inteligencia de Estados Unidos, pertenece a la organización criminal Tren de Aragua, originaria de Venezuela.
Según la versión gubernamental, ofrecida hoy por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya Chávez, la intervención en el campamento tuvo lugar a solicitud del Instituto Nacional de Migración (INM), cuyo personal buscaba la sola revisión de las instalaciones para corroborar que las personas no estuvieran en riesgo debido a las bajas temperaturas.
Una vez iniciado el operativo, elementos de la SSPE, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Fiscalía General del Estado llegaron al lugar cerca de las 12:41 de la madrugada.
Antes de proceder con la intervención —refiere Loya— un notario público reveló a los migrantes el objetivo de su llegada, y todo, en sus palabras, con previa notificación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Fue en ese instante que varios migrantes levantaron una barricada, que incendiaron para impedirle el paso a los agentes, describió Loya. Un par de personas al mismo tiempo «incitaron a la riña y a alterar el orden público», por lo cual las fuerzas de seguridad las detuvieron y pusieron a disposición del Juzgado Cívico de la DSPM.
Loya señaló que las investigaciones preliminares sugieren que uno de los responsables guarda relación directa con el Tren de Aragua, un hecho que ya revelaban intercambios de información con Estados Unidos.
Esa —mencionó— fue también una de las razones por las que colaboró con el INM, aunada a las constantes reportes de narcomenudeo en las grandes ciudades de la entidad federativa y el homicidio de Luis Alberto Olivas, agente federal del INM que, se presume, fue asesinado por dos personas originarias de Venezuela y una originaria de Colombia.
El incendio fue sofocado al cabo de unos minutos, mientras que las 86 personas que se encontraban en el asentamiento fueron trasladadas hacia su respectivo lugar de origen por parte del INM y las autoridades dan seguimiento a las dos personas aprehendidas.
Con todo y estas acciones, Loya manifestó que Chihuahua no pretende criminalizar a los migrantes, sino prevenir un eventual rompimiento en el status quo del Estado que pueda presentarse derivado de cualquier fenómeno, entre ella el ingreso de personas en situación de movilidad.
