El presidente venezolano, Nicolás Maduro, asumió este viernes su tercer mandato consecutivo, entre acusaciones de fraude y aislamiento internacional, pero con el apoyo de los militares y el resto de los poderes del Estado a sus pies.
«Juro» que «este nuevo período presidencial será el período de la paz», prometió el mandatario ante el presidente del Parlamento, el dirigente chavista Jorge Rodríguez. «Queda usted investido en el cargo de presidente constitucional», respondió el jefe legislativo.
La investidura se produce un día después de una marcha opositora que terminó con la denuncia de un breve arresto de su líder María Corina Machado, que el gobierno negó y calificó de «invento», mientras el plan de Edmundo González Urrutia de asumir el cargo se vuelve cada hora más improbable.
«¡Estamos listos! El 10 de enero el candidato presidencial, electo y proclamado por las autoridades electorales se va a juramentar ante la Asamblea Nacional», escribió Maduro el jueves en su canal en Telegram. «No habrá fascismo (término con el que se refiere a la oposición) ni imperialismo que lo pueda detener».
Reino Unido sanciona a 15 altos cargos de Venezuela y califica de «fraudulento» al gobierno de Maduro y Estados Unidos, a su vez, impuso sanciones a ocho altos cargos venezolanos, incluido el presidente de la petrolera PDVSA, el ministro de Transporte y el jefe de Conviasa, la aerolínea estatal, informó este viernes el Departamento del Tesoro.
Los sanciona porque «permiten la represión de Nicolás Maduro y la subversión de la democracia en Venezuela», añade tras la investidura de del líder chavista para un tercer mandato, calificada de «farsa» por funcionarios estadounidenses en rueda de prensa.
Washington también subió a 25 millones de dólares la recompensa por información que permita capturar al mandatario venezolano Nicolás Maduro y su ministro del Interior, Diosdado Cabello, para que se les juzgue por «narcotráfico y corrupción», informaron funcionarios estadounidenses.
Además el gobierno de Biden añadió una nueva recompensa por el ministro de Defensa Vladimir Padrino, por quien ofrece 15 millones de dólares, añadieron los funcionarios que pidieron el anonimato tras la investidura de Maduro, que calificaron de «farsa».
En los alrededores del legislativo y el resto de los poderes públicos, en el centro de Caracas, el ya masivo aparato de seguridad fue reforzado: calles bloqueadas, más retenes policiales, más militares en cada esquina, todos fuertemente armados. Los comercios están abiertos, pero el tránsito es bajo.
Venezuela además ordenó hasta el lunes el cierre de su frontera terrestre y espacio aéreo con Colombia, tras conocer de una supuesta «conspiración internacional». Las denuncias de planes para derrocar a Maduro son frecuentes, y Colombia y Estados Unidos normalmente los responsables.
Washington –que niega cualquier complot– ha expresado su reconocimiento a González Urrutia, que visitó la Casa Blanca esta semana. El próximo presidente, Donald Trump, se refirió a él el jueves como «presidente electo».
El dirigente opositor está en República Dominicana, última escala de una gira internacional que debía culminar en un vuelo privado a Caracas para intentar jurar por la presidencia. No hay información de esa u otra estrategia. El gobierno advirtió que lo trataría como «invasor» si intenta ingresar sin autorización.