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La senadora Ruth González Silva, de San Luis Potosí, presentó una iniciativa enfocada en visibilizar y sancionar la violencia reproductiva en México, un fenómeno —advirtió— hasta ahora ignorado en el marco jurídico nacional, pero que vulnera la dignidad de las mujeres al coartar su libertad para tomar decisiones sobre su salud reproductiva.

La propuesta busca reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) para incluir una definición clara de violencia reproductiva, así como modificar el artículo 343 Bis Código Penal Federal para tipificarla como un delito explícito y, así, garantizar su homologación con la legislación vigente.

Porque, en palabras de González Silva, la violencia reproductiva, que incluye actos como presionar para embarazarse, impedir el uso de métodos anticonceptivos o forzar la interrupción o continuidad de un embarazo, afecta no solo la integridad física, sino también la salud psicológica y emocional de las mujeres. «Con esta reforma, buscamos garantizar que este fenómeno sea visibilizado y sancionado conforme a la ley», dijo.

De acuerdo con datos recientes de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, el 37% de las mujeres embarazadas de entre 15 y 49 años no deseaban su embarazo. Además, el 33% de quienes han tenido más hijos de los deseados señalaron la falta de acceso a métodos anticonceptivos como la principal causa.

En 2023, más de 245 mil nacimientos correspondieron a mujeres menores de 19 años, de las cuales algunas ya tenían hasta tres hijos o más, lo que, advierte la legisladora, refleja la urgencia de abordar este tipo de violencia desde un enfoque integral. Por lo tanto, hizo un llamado a sus colegas senadores para respaldar esta reforma y atender una deuda histórica con las mujeres mexicanas.

«La erradicación de la violencia reproductiva no es solo una cuestión de justicia, sino de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos».

Por último, destacó que la protección de los derechos reproductivos es fundamental para garantizar la igualdad sustantiva y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, por lo que esta reforma no solo pretende visibilizar un problema históricamente ignorado, sino que «sienta las bases para un cambio real en la vida de millones de mexicanas».