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Alrededor de 300 familias, desde Guadalupe y Calvo hasta Bocoyna, huyeron de sus hogares luego de ser objeto de amenazas por miembros del crimen organizado que se dedican, impunes, a la tala clandestina de madera en la Sierra Tarahumara. Las autoridades municipales, sin embargo, aseguran que «todo está bien».
Así lo exhibió, en voz de los afectos, Eduardo González, activista de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y la problemática —dijo— no se limita al delito de desplazamiento forzado, pues los sicarios también han violado a las hijas e hijos de los pobladores y han asesinado a incontables personas.
González ha alertado del fenómeno a las autoridades locales de turno desde los últimos cinco años. Sin embargo, le han dado una sola respuesta: «Que todo está bien. Para ellos todo está bien». Por consiguiente, se reunirá en próximos días con funcionarios de la zona serrana para elaborar una estrategia de contención y prevención de los índices delictivos.
La declaración de González forma parte de las constantes denuncias de habitantes y organizaciones de los derechos humanos, quienes advierten altos niveles de inseguridad, una crisis de desplazamiento forzado, sobre todo en Guadalupe y Calvo y alrededores, y critican a la Fiscalía General por no reconocer la existencia de dichos casos debido a la falta de denuncias.
