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La Fiscalía General de Chihuahua insiste en que no hay una nueva crisis de desplazamiento forzado en el municipio de Guadalupe y Calvo, debido a que las personas víctimas de este delito no han presentado una denuncia formal y que, por ende, no existe el registro para reconocer dicho fenómeno en el marco institucional.
Así lo mencionó Rafael Loera, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común. Incluso, manifestó que los casos que se han presentado a lo largo de la entidad provienen de las administraciones estatales pasadas, de forma que, hasta el momento, no se puede hablar de una problemática como tal.
«Hasta ahora la Fiscalía General del Estado no ha pasado reportes [a Desarrollo Humano] en temas de desplazamiento. Tenemos los mismos casos que atendemos, pero que vienen de sexenios anteriores. Hasta ahora la Fiscalía no ha reportado nuevos casos de desplazamiento», dijo.
Por su parte, el fiscal general César Jáuregui hizo énfasis en que no se trata de un hecho generalizado, sino que un grupo específico de familias —al menos diez, según el último reporte de la población— se han visto en la necesidad de abandonar sus hogares para protegerse de la violencia.
