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La diputada federal del PAN, Carmen Rocío González Alonso, señaló que la desaparición del INAI y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no solo afectará la transparencia y el combate a la corrupción, sino que podría incrementar los niveles de opacidad en las instituciones y dar al gobierno, un control absoluto sobre los datos personales de los ciudadanos.
Durante la discusión de la Opinión en torno al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, la legisladora por Chihuahua expresó su preocupación por la desaparición del INAI, ya que deja a México sin un órgano garante del derecho de acceso a la información, “un derecho fundamental reconocido en más de 100 países”.
Aseguró que la fragmentación del acceso a la información, ahora distribuido entre instituciones con intereses y estructuras políticas y judiciales diversas, afectará la claridad y objetividad en la aplicación de este derecho.
Este retroceso, sostuvo, implica la anulación de más de 25 años en el avance de mecanismos de rendición de cuentas, ya que el INAI era la única institución con la autonomía para obligar al gobierno a rendir transparencia.
La diputada González Alonso también advirtió sobre los riesgos para la Plataforma Nacional de Transparencia, que alberga más de 15 mil millones de registros públicos, la cual ha sido objeto de ataques cibernéticos con más de 270 millones de intentos en 2024 y que, sin el INAI para supervisar y garantizar su funcionamiento, la plataforma puede ser vulnerada, afectando el acceso a la información pública en el país.
Cuestionó la justificación del gobierno federal, que argumenta que la eliminación del INAI y la concentración de estos poderes en el Ejecutivo serían medidas para hacer más eficiente la administración pública.
La legisladora denunció que, en realidad, esto daría al gobierno un control absoluto sobre los datos personales de los ciudadanos, sin un órgano autónomo que limite su uso, lo que no solo afectaría la transparencia y el combate a la corrupción, sino que podría incrementar los niveles de opacidad y corrupción en las instituciones bajo el mando del Poder Ejecutivo.
González Alonso subrayó también que, al desaparecer el CJF, se generan dudas sobre el funcionamiento del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, en particular sobre el papel que jugará en el Sistema Nacional Anticorrupción, pues podría poner en riesgo su independencia, además de que contraviene el principio de separación de poderes.
Concluyó que el CJF ha sido un aliado clave en la implementación de políticas para la protección de datos personales y en la garantía de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) en el ámbito judicial y su desaparición afectará gravemente el cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
