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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha instruido al Congreso de la Unión para que, en un plazo de seis meses, establezca un registro nacional de personas migrantes detenidas en México, con miras a garantizar la transparencia y el respeto a los derechos humanos en los procedimientos migratorios.
La sentencia responde a un amparo promovido por organizaciones civiles que denunciaron la falta de mecanismos claros para documentar y supervisar las detenciones de migrantes, situación que ha contribuido a casos de violaciones a los derechos humanos.
El registro deberá incluir información detallada sobre el estatus migratorio, las condiciones de detención, y el acceso a servicios legales de las personas retenidas. Además, se pretende que este mecanismo permita un monitoreo constante por parte de organismos nacionales e internacionales.
El Congreso, entonces, habrá de ajustar la legislación correspondiente para cumplir con la resolución de la SCJN, que pretende brindarle un trato digno a los migrantes en México, y evitar detenciones arbitrarias o sin el debido proceso.
En tal sentido, activistas y organizaciones de derechos humanos celebraron la decisión como un paso crucial hacia una mayor rendición de cuentas y protección a las personas en situación de movilidad.
