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Con un pie ya en la puerta de salida, Uriel Carmona y José Antonio Ortiz —el vicealmirante Guarneros— administraron políticamente inseguridad y violencia, sin disuadir ni perseguir el delito con eficacia y eficiencia.
Fiscal general y comisionado de Policía en ese orden, Carmona y Guarneros tuvieron seis años de desencuentros a causa de la política, por pertenecer a grupos antagónicos de poder, bajo el cobijo de Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco, descuidando sus obligaciones de principio a fin.
En 12 años, las familias de Morelos sufrieron el alza de la incidencia delictiva como nunca. No se previnieron los delitos y cuando se persiguieron, no se alcanzaron a los perpetradores.
Las secciones de nota roja rara vez —una o dos veces por año— dieron cuenta de golpes policiacos. Las páginas de los periódicos y los espacios informativos se llenaron de actos delictivos sin detenciones. Las riñas entre ambos jefes policiales enviaron mensajes silenciosos pero efectivos a los que corren adelante, capitalizando dejadez y descaro de Carmona y Guarneros.
El Mando Único Revolcado —Policía Morelos es su nombre oficial— no previno los delitos y la Agencia de Investigación Criminal [CIA, por sus siglas en inglés] no persiguió a los delincuentes, y cuando lo hizo, rara vez los alcanzó. Eso sí, MÚR y CIA gastaron con alegría como si el dinero fuera propio.
El 30 de septiembre termina el contrato de Guarneros. Este o el siguiente mes Carmona será destituido por causas graves. El miércoles 25 será presentado el enviado del jefe Harfuch a Morelos, especialista en inteligencia policial, en tanto en Calzada de los Estrada 390 se purga la lista de jurisconsultos para conformar la terna que será propuesta a la Legislatura 56 para fiscal general.
Dejadez y descaro personal e institucional de ambos dispararon la percepción de inseguridad —siete de cada 10 morelenses sienten temor al salir a las calles—, por la creciente actividad industrial delictiva, en tanto la violencia alcanzó el 85.5 de occisiones por arma de fuego, contabilizados el año que corre 326 asesinatos sin castigo. La impunidad tiene al segundo estado más chico del país en primer lugar nacional: uno de cada 100 delitos es judicializado.
letraschiquitas
El acomodo de una nota informativa por la deuda pública contratada por Graco Ramírez y no pagada por Cuauhtémoc Blanco, supone un caramelo envenenado para Margarita González-Saravia. El encargado del ministerio del Tesoro, José Gerardo López —como sus antecesores Alejandro Villarreal y Mónica Boggio, por órdenes expresas—, incumplió pagar y tal merece responsabilidad administrativa por omisión y hasta juicio político. El cuauhtemismo pretendió endosar el asunto al graquismo para que el margarismo cayera en la trampa, pero a López Huérfano se le olvidó poner el veneno político. Ya había desvelado Bellis perennis que pagará la deuda histórica, lo que será un acto de gobernanza pura, mientras las revisiones del contrato de la deuda e incumplimiento de pago seguirán su curso en las oficinas de Mirna Zavala y Alejandra Pani, porque el destino del dinero para ambas operaciones es incierto.
