Las estafas cibernéticas representan una considerable carga económica en la era digital, donde 7 de cada 10 usuarios en nuestro país han sido víctimas, convirtiendo cada interacción digital en un potencial riesgo financiero. Estos delitos van más allá de las simples pérdidas económicas directas; han evolucionado hacia formas complejas de explotación como la esclavitud digital, donde las personas son secuestradas y forzadas a participar en estafas en línea bajo condiciones extremas. Esto no solo inflige un daño económico a las víctimas a través de fraudes y extorsiones, sino que también implica costos significativos para la economía global, afectando la confianza en los mercados digitales y aumentando los gastos en seguridad y aplicación de la ley.
Según datos de la ONU, en 2023 más de 220,000 personas en Myanmar y Camboya fueron coaccionadas para trabajar en estafas de internet, lo cual abarca desde apuestas ilegales hasta inversiones en criptomonedas falsas. La Interpol ha identificado operaciones similares en otros países del Sudeste Asiático y en Sudamérica, demostrando que esta es una crisis a nivel internacional.
Las víctimas, seducidas con promesas de un empleo bien remunerado en el extranjero, se ven atrapadas en un ciclo vicioso de explotación económica. Los delincuentes no solo recurren a la violencia física y sexual como tácticas de sometimiento, sino que también fuerzan a sus cautivos a participar en fraudes online y en la producción de contenido pornográfico bajo coacción. Esta actividad no solo es un medio de control, sino también una estrategia para generar ingresos ilícitos mediante la extorsión.
Los métodos de “sextorsión” empleados tienen un impacto económico, drenando recursos de las víctimas y enriqueciendo a las redes criminales. Este fenómeno contribuye significativamente al costo global del cibercrimen, que se proyecta alcanzará los 10.5 mil millones de dólares anuales para 2025, lo que fomenta un ciclo de inversión en la economía del crimen organizado y complica las respuestas legales y económicas a nivel global.
Estas prácticas generaron aproximadamente $1.5 mil millones en pérdidas a nivel global en 2023, según el Informe de Crímenes en Internet del FBI. Este informe también destacó que las estafas relacionadas con inversiones falsas y esquemas de criptomonedas están en aumento, con un número creciente de denuncias cada año.
Uno de los ejemplos más horribles de estas estafas sucede mucho en nuestro país: la manipulación emocional para conseguir fotografías desnudas de las víctimas. Parecido a lo que vimos en el capítulo “Shut up and dance”, de Black Mirror, los delincuentes se hacen pasar por intereses amorosos para luego amenazar con divulgar estas imágenes a menos que reciban altas sumas de dinero, muchas veces en criptomonedas, o simplemente te envían un correo en el cual solicitan dinero o amenazan con filtrar vídeos que grabaron con la cámara de tu computadora sin que te dieras cuenta. Durante 2023, se registraron más de 17,000 casos de “sextorsión”, con pérdidas que superaron los $652 millones. ¿Cuántos miles de casos más no habrán sido reportados?
Para combatir estas amenazas, es crucial una mayor cooperación internacional. Los gobiernos deben trabajar juntos para fortalecer las legislaciones contra la trata de personas y las estafas en línea. Además, es muy importante educar a la ciudadanía en general sobre los peligros digitales, especialmente en comunidades más vulnerables que pueden no estar conscientes de estas amenazas. Algo que es muy fácil de hacer, pero que no mucha gente realiza, es no utilizar las mismas contraseñas en todas tus cuentas y cambiarlas regularmente cada cierto número de meses. Sí, es algo tedioso, pero puede ahorrarte muchos dolores de cabeza y, por supuesto, dinero.
Las empresas tecnológicas también desempeñan un papel crucial en la economía digital, no solo en la innovación y el crecimiento, sino en la lucha contra las estafas y la ciberesclavitud. Es esencial que aseguren que sus plataformas no se conviertan en herramientas para actividades criminales. Esto implica una inversión significativa en la mejora de los protocolos de seguridad y la implementación de inteligencia artificial avanzada para detectar comportamientos fraudulentos. Además, es fundamental una colaboración activa con las autoridades para reportar actividades sospechosas, contribuyendo así a un entorno digital más seguro y económicamente estable.
Mientras que la tecnología ha aportado muchos beneficios económicos, también ha facilitado nuevas formas de criminalidad que drenan recursos tanto de individuos como de empresas. Estas actividades ilícitas no solo afectan a las víctimas directas, sino que también imponen costos significativos a la economía global, desde la pérdida de ingresos hasta el gasto en medidas de seguridad y recuperación.
Por lo tanto, la respuesta a este desafío no solo debe ser tecnológicamente avanzada, sino también coordinada a nivel internacional, integrando esfuerzos del sector privado y público para proteger nuestras economías digitales y físicas. Solo mediante un esfuerzo colaborativo y continuado podremos mitigar el impacto económico de estas actividades criminales y restaurar la confianza en nuestro entorno cibernético.