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La diputada Ana Georgina Zapata Lucero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso que si un hombre comete feminicidio contra su esposa y recibe sentencia, sus hijos perderán la obligación legal de darle pensión alimenticia.

En sesión ordinaria de Congreso del Estado, la legisladora presentó una iniciativa con carácter de decreto para adicionarle al Código Civil del Estado de Chihuahua el artículo 281 bis, el cual establece que: «Cuando el padre haya sido sentenciado por el delito de feminicido en el que la víctima haya sido la madre, los hijos no estarán obligados a darle alimentos».

Busca dejar sin efecto el principio de reciprocidad alimentaria establecido por el artículo 301 del Código Civil Federal, según el cual los adultos mayores pueden exigirle a sus hijos apoyo de ese tipo. En específico, dice que «la obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez derecho de pedirlos».

Con la modificación, hace un llamado para sobreponer el interés por la niñez por sobre el de los hombres que incurren en violencia extrema contra la mujer. Así, de alguna forma se intervendría en los efectos posteriores al asesinato y se brindaría protección a los hijos ante los daños irreparables de su pérdida y del quebranto del núcleo familiar.

En sus palabras: «se pretende dejar clara la ruptura de la relación bidireccional entre los hijos como víctimas-ofendidos del delito de feminicidio […], exentándolos del espectro de deudores alimentarios […], precisamente por su condición reconocida de víctimas afectadas en sus valores más elementales y fundamentales».