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Con la finalidad de agilizar la tramitación de asuntos en el sistema de justicia, así como brindar un mejor servicio de impartición de justicia y agilizar los trámites, el Congreso de Chihuahua reformó diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, respecto a las atribuciones y facultades del pleno y de las y los magistrados de las ponencias instructoras.
Para tal efecto se estableció dentro de las facultades del Pleno del Tribunal, la de resolver los recursos de Inconformidad y Apelación, previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que presenten las ponencias instructoras.
Asimismo, dentro de las atribuciones de las y los magistrados de las ponencias instructoras, se plantea el admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos previstos en esta ley y la Ley General de Responsabilidades Administrativas; formular los proyectos de resolución, de aclaraciones de sentencia y de resoluciones de queja relacionadas con el cumplimiento de las sentencias, y someterlos a la consideración del Pleno.
Lo anterior dado a que la actual redacción de diversas disposiciones que regulan la actuación de dicho órgano jurisdiccional ha generado incertidumbre respecto a qué órgano le corresponde la tramitación o desahogo de diversos recursos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Además, se busca otorgar mayor claridad al texto legal, ya que entre más específicos sean los marcos normativos por los cuales se rigen, más claro o específico, y más acotado se encuentra el procedimiento, y por tanto abona a la mejor función jurisdiccional del Órgano Constitucional Autónomo.
Por último, el diputado Roberto Carreón Huitrón, encargado de presentar ante el Pleno el dictamen de la Comisión de Anticorrupción, señaló que las adecuaciones realizadas a la normativa referida, se hicieron a efecto de dotar mayor seguridad jurídica respecto a las atribuciones de cada uno y, con ello, brindar un mejor servicio de impartición de justicia al imprimir mayor claridad al texto legal, lo cual, también agilizará la tramitación de diversos asuntos, en beneficio de los principios que nutren el derecho de acceso a la justicia, principalmente a los de justicia pronta y completa.
