La diputada federal Andrea Chávez Treviño celebró con entusiasmo la resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación a la distribución de los libros de texto gratuitos en Chihuahua. Sin embargo, su celebración parece ser prematura y es interpretada como un intento de capitalizar políticamente una situación en la que niñas y niños de Chihuahua experimentan al tener libros adoctrinadores.
Aunque Chávez Treviño agradeció a maestros, padres y madres de familia por liderar «la lucha contra la ignorancia y el autoritarismo», sus acciones y declaraciones pueden ser vistas como oportunismo político, especialmente cuando ha sido ya señalada por el mismo partido de Morena como una mujer que aprovecha las mismas situaciones sin importar a quien humille o aplaste, por ejemplo el uso de una avión para uso familiar, en donde afectó al ex secretario Adán Augusto en su carrera política, en el tema de los libros se considera que ella misma cubrió los gastos para el envío de las colecciones de libros a la SCJN. Además, su acusación de irregularidades en la adquisición de cuadernillos como sustitutos de los libros de texto sugiere una posible manipulación política en lugar de una preocupación genuina por la educación de los niños. En lugar de buscar soluciones constructivas, Chávez Treviño parece utilizar esta controversia para atacar al gobierno que no es de su propio color, lo que plantea interrogantes sobre sus verdaderas motivaciones y su compromiso con el bienestar de la educación en su estado natal.
En la arena política, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Rivera Campos, ha logrado un avance significativo en su lucha contra la eliminación de las becas del Conahcyt. Recientemente, obtuvo la suspensión definitiva en el amparo que presentó contra los recortes impuestos por el Gobierno de la República. Este primer paso marca un avance del 80% en el ámbito legal y tiene implicaciones directas en la adaptación de programas de posgrado, originalmente diseñados por las Instituciones de Educación Superior. En un esfuerzo conjunto, diversas universidades se han unido a esta solicitud, y en los próximos días se definirá si la suspensión se mantiene para preservar estas becas tanto a nivel local como nacional.
La defensa de las becas del Conahcyt se convierte así en un tema relevante en la esfera política, con implicaciones profundas en el ámbito de la educación superior en México.
En el escenario político, se destaca que la jueza Sabela Asiáin, con la asesoría del magistrado Leo Alvarado, ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Justicia Administrativa en contra del gobierno de Maru Campos, argumentando un presunto daño patrimonial a su persona. Sin embargo, fuentes cercanas a la parte acusada refutan la demanda, argumentando que carece de fundamento, ya que el daño patrimonial se refiere generalmente a situaciones en las que los ciudadanos o particulares resultan afectados por las decisiones administrativas del Estado, no cuando un funcionario se presenta como demandante, alegando gastos psicológicos y laborales, entre otros. En este contexto, se informa que el caso ha sido remitido a la ponencia de Daniel Morales para su posterior evaluación.