En Panamá, el juicio por el caso Odebrecht, empresa que habría repartido numerosos sobornos para obtener licitaciones de obras públicas, fue postergado sin fecha definid. La decisión ha sido controversial debido a que están imputados los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.
El juicio estaba programado para celebrarse del 1 al 18 de agosto, pero fue postergada entonces porque la jueza a cargo continuaba analizando las pruebas presentadas por la fiscalía y la defensa. Un mes después se ha vuelto a posponer por el mismo motivo.
El tribunal «dispuso no llevar a cabo la audiencia ordinaria por el caso Odebrecht», prevista para el miércoles, «debido a que aún se encuentran en la etapa de admisibilidad las pruebas que serán usadas durante el juicio», notificó en un comunicado.
Martinelli y Varela, los dos últimos expresidentes panameños, están imputados por este caso por recibir presuntamente dinero de Odebrecht a través de sociedades pantalla y cuentas en el extranjero durante sus mandatos.
También está acusada otra veintena de personas, incluidos varios exministros.
El caso Odebrecht
En 2016, la compañía brasileña Odebrecht se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en sobornos a responsables gubernamentales, funcionarios y partidos políticos, la mayoría en América Latina.
En el juicio realizado en Panamá, la compañía brasileña reconoció haber pagado 59 millones de dólares en comisiones a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción de obras públicas.
El escándalo llegó hasta dos hijos del expresidente Martinelli, Ricardo y Luis Enrique Martinelli, quienes fueron condenados en Estados Unidos en 2022 tras declararse culpables de recibir 28 millones de dólares en sobornos de Odebrecht mientras su padre era presidente.
Sin embargo, los hijos del expresidente no pueden ser juzgados en Panamá por un tribunal ordinario al contar con fuero penal por ser diputados del Parlamento Centroamericano.
El expresidente Martinelli buscará junto a su esposa como candidata a vicepresidenta un nuevo mandato en las elecciones de 2024, pese a estar condenado en primera instancia por blanqueo de capitales.
