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Como lo adelantamos previamente en esta columna política, Raquel Bravo Osuna ha sido oficialmente designada como la nueva directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres). Esta confirmación desmiente los rumores que circulaban sobre la posible llegada de Geo Bujanda a dicho organismo estatal, dejando claro que toda esa información era falsa.
Ayer mismo, Bravo Osuna solicitó licencia para retirarse del Cabildo y, en cuestión de pocas horas, asumió su nuevo cargo en el Ichmujeres. Ahora, será interesante ver cómo se desenvuelve en esta dependencia que ha estado en un estado de incertidumbre desde octubre del año pasado. Sin embargo, desde ya, cuenta con el respaldo no solo de la gobernadora Maru Campos, quien la designó para este puesto, sino también del grupo político panista al que pertenece la ahora directora con licencia. Sin duda, será un desafío importante para Bravo Osuna trabajar en el ámbito de los derechos y la protección de las mujeres en el estado.
En medio del preocupante aumento de la violencia de género en Chihuahua, la administración de Marco Bonilla ha puesto en marcha diversas estrategias para hacer frente a esta problemática. Entre ellas, se destaca la capacitación de los oficiales de la Policía Municipal para brindar una atención adecuada a los reportes relacionados con violencia de género, que lamentablemente se mantienen en aumento.
Con el objetivo de proteger a las víctimas y evitar la revictimización, se ha desarrollado un protocolo de intervención sólido y basado en los fundamentos legales, para garantizar que las personas que sufren violencia reciban el acompañamiento necesario al denunciar y romper así el círculo de violencia.
Además, Chihuahua se destaca como una de las entidades con políticas públicas avanzadas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Incluso, desde la Academia, los cadetes que aspiran a formar parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal reciben una especialización en esta materia, reforzando la sensibilidad y el trato adecuado hacia las víctimas de este delito. Es un esfuerzo significativo que busca garantizar la seguridad y el bienestar de las mujeres en la ciudad, mostrando un compromiso real por enfrentar este problema de manera efectiva.
La alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cynthia Ceballos, ha realizado un polémico nombramiento para la Dirección de Seguridad Pública Municipal que ha generado fuertes críticas y desconfianza. Gilberto Loya, quien encabezaría la dirección, dejó claro que este nombramiento no cuenta con la autorización de los regidores del Ayuntamiento ni de los legisladores del Congreso del Estado. En consecuencia, el mando único que está desplegado en la zona no será retirado, ya que aún no se ha generado la confianza necesaria para que tomen el control de la seguridad.
Además, Loya señaló que podrían pasar al menos seis meses para tener una corporación de confianza, debido a la necesidad de realizar exámenes y pruebas de confianza que no fueron aplicados al nuevo titular. Esta situación podría representar un problema, ya que se sospecha que la anterior corporación estaba coludida con el crimen organizado, lo que habría contribuido al incremento de los indicadores delictivos en la zona. A esto se suma el hecho de que la persona que iba a ser nombrada coordinadora operativa de la Policía Municipal tenía una orden de aprehensión vigente por violencia familiar, agresiones y amenazas, aspectos que la alcaldesa no tomó en cuenta al realizar estos cambios. Estas decisiones han generado dudas sobre la efectividad y confiabilidad de la estrategia de seguridad en Nuevo Casas Grandes.
La falta de claridad y transparencia en la salida del coordinador de programas Marcelino Gómez Brenes, ha generado especulaciones y malestar entre la comunidad. Mientras el delegado de bienestar, Juan Carlos Loera, se mantiene en silencio ante las preguntas sobre el motivo real de la partida de Gómez Brenes, algunos señalan que fue despedido debido a una supuesta mala administración, lo que habría desencadenado los 60 despidos injustificados que provocaron una manifestación en las afueras de la delegación.
Lo más sorprendente es que Loera haya admitido públicamente que prefiere quedarse callado para evitar problemas y que, supuestamente, no puede hacer nada ante los despidos porque los trabajadores fueron contratados de manera temporal. Sin embargo, muchos cuestionan por qué tardó semanas en salir a aclarar la situación y por qué muestra un cinismo al afirmar que incluso podría volver a contratar a los despedidos si así se requiere. Esta actitud ha generado indignación entre los extrabajadores de la delegación y la comunidad en general, quienes no olvidarán fácilmente estas acciones y le recordarán al delegado su falta de compromiso y empatía.
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