La decisión del pleno de la SCJN que, por abrumadora mayoría, anuló la primera parte del Plan B, de la pretendida reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador, significa un duro revés al proyecto sucesorio de la 4T.

En efecto, la intención de debilitar al Instituto Nacional Electoral, no podrá llevarse a cabo, por lo que, las reglas del juego permanecen, tácitamente, incólumes, por lo que la manipulación de los procesos en 2024, no será posible, aún con una Consejera Presidenta del Consejo General, simpatizante de las causas morenistas.

Así las cosas, el INE seguirá siendo un contrapeso efectivo, para atemperar la vocación intervencionista de alcaldes, gobernadores e incluso el presidente y sus colaboradores, en las elecciones, fenómeno muy arraigado en la subcultura política ‘a la mexicana’, misma que permea en toda la partidocracia, no se salva ningún partido.

Además de lo anterior, la actuación de los ministros de la Corte, es un mal augurio para el resto de reformas que fueron aprobadas entre el 28 y 29 de abril pasado, cuando los senadores de MORENA, al más puro estilo del PRI, sacaron adelante una veintena de iniciativas en unas cuantas horas. No sobra decir que, las impugnaciones contra el abusivo acto, ya se están redactando, por lo que todo quedará, de nuevo, en manos de los togados.

En cualquier sentido, el asunto no abona a la gobernanza del país, en virtud de que el tema es llevado al terreno de la ideología, cuando se debía tratar sólo de una cuestión de carácter jurídico, soplan vientos de tormenta.