Ciudad de México.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió mantener el freno a la primera parte del ‘Plan B’ de la reforma electoral para las elecciones en Coahuila y el Estado de México, una decisión que fue condenada por la Presidencia de la República.

Por mayoría de tres votos, los ministros de la SCJN desecharon el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, el cual proponía revocar la suspensión del ‘Plan B’ para aplicar las modificaciones de la reforma electora en las elecciones de 2023.

Los ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Laynez Potisek fueron quienes votaron por mantener el freno al ‘Plan B’ del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mientras que la ministra Yasmín Esquivel fue la única que votó por revocar la suspensión, además de la autora del proyecto.

El argumento de Ortiz era que los ministros de la Corte no pueden suspender los efectos de una norma general mediante una acción de inconstitucionalidad, de acuerdo con la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución.

El asunto será devuelto al ministro Javier Laynez para que elabore un nuevo proyecto y se vote con el criterio de la mayoría.

Presidencia tunde a ministros

Ante la decisión de la Segunda Sala, la Consejería Jurídica de la Presidencia arremetió contra los ministros que votaron por mantener el freno a la reforma electoral.

Mediante un pronunciamiento publicado el 26 de abril, la Presidencia acusó que la decisión de la SCJN «exhibe la parcialidad y el criterio evidentemente político, que no jurídico, con el que se conducen algunos integrantes del alto tribunal».

El Ejecutivo consideró que, «sin expresar razón alguna», los ministros votaron en contra del proyecto, a pesar de que la «Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a jueces, magistrados o ministros intervenir en asuntos en que ellos mismos participaron o emitieron la resolución cuestionada, ya que su juicio será evidentemente parcial a favor de su criterio».

«En conclusión, la ley dejó de ser la ley para algunos ministros, pues, con su actuar, vacían de contenido el artículo 64 de la Ley Reglamentaria y contravienen el mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir las disposiciones que regulan los procedimientos constitucionales», concluyó la Presidencia encabezada por AMLO.