La muerte de 40 migrantes, en el albergue de Ciudad Juárez, obligó al presidente López Obrador a entrar, de botepronto, al tema de las políticas públicas sobre los trabajadores migratorios, sin embargo, al parecer, cambiará todo para que todo siga igual.

Aunque todavía no se oficializa, de acuerdo al padre Alejandro Solalinde, el mandatario planea desaparecer (a sugerencia del presbítero), el Instituto Nacional de Migración, para sustituirlo con un organismo llamado Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (ConMéxico).

La primera conclusión, radica en que si piensa eliminar el INM es porque no funciona, por lo que, preguntamos: ¿tardó más de cuatro años en darse cuenta o es una cortina de humo para hacer como que hace sin hacer nada?

Sin duda, el señor Solalinde es un conocedor de asunto, ha dedicado buena parte de su vida a brindar protección a los trabajadores migratorios, pero, no es el único versado, en consecuencia, el tabasqueño debería pedir más opiniones antes de tomar decisiones.

Además, como bien se ha señalado, el fenómeno implica la necesidad de acuerdos multinacionales para tratar, sino detener los flujos migratorios, si ofrecer mayores garantías para un trato digno a los viajeros.

Uno de los principales embrollos, es la corrupción que se genera alrededor del asunto, a lo que se suma la presencia del crimen organizado en la Trata, así pues, más que modificar el nombre se trata de sanear la institución, de nada servirá rebautizarlo si se quedan los mismos. Por lo pronto, se comprobó que la presencia de militares no mejoró en lo absoluto los servicios prestados por la dependencia, reconocerlo sería un buen comienzo.