Ciudad de México.- Ucrania mueve todos sus servicios jurídicos y diplomáticos para avanzar junto a sus socios en la creación de un tribunal especial para la invasión rusa inspirado en el que establecieron los aliados en la ciudad alemana de Nuremberg para juzgar los crímenes nazis. Los esfuerzos ucranianos parecen dar sus primeros frutos.
La Corte Penal Internacional (CPI) tiene previsto solicitar la detención de funcionarios rusos por deportar a la fuerza a niños de Ucrania y atacar infraestructuras civiles, dijo el lunes una fuente a la agencia Reuters.
Estos serían los primeros casos de crímenes de guerra internacional derivados de la invasión de Moscú, que se inició el 24 de febrero de 2022. El fiscal de la CPI, Karim Khan, dijo a principios de marzo, luego de una visita a Ucrania que los presuntos secuestros de niños “están siendo investigados por mi oficina con carácter prioritario”.
La fuente citada por Reuters dijo que las órdenes de detención podrían incluir el delito de genocidio, y que se esperaba que llegaran a ‘corto plazo’ si la petición del fiscal era aprobada por un juez de instrucción del tribunal con sede en La Haya.
La CPI solo puede puede juzgar crímenes de agresión contra otro país si el Estado responsable es uno de los firmantes del tratado que impulsó su creación. Ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI, pero el gobierno de Kiev aceptó la jurisdicción del tribunal y está colaborando con la oficina de Khan.
Aunque La Haya sí puede juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad que puedan haber cometido en Ucrania las fuerzas rusas, el tribunal no tiene competencias para enjuiciar la decisión de invadir ese país, lo que hace muy difícil sentar en el banquillo al presidente ruso, Vladimir Putin.
“Todos los crímenes comienzan en un crimen original: el de la propia agresión”, ha dicho al respecto el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
¿Qué otras opciones tiene Ucrania? ¿Qué hace Ucrania mientras se forma un tribunal?
“Debemos castigar a quienes han empezado la guerra”, ha declarado el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak Una de las opciones presentadas por Ucrania es que el tribunal tenga el apoyo de la ONU, pero muchos de los países miembros, especialmente de África, Asia y América Latina, son reacios a esta posibilidad, ya sea por sus lazos con Rusia o por el miedo a que Occidente utilice este tipo de mecanismo contra sus líderes.
La alternativa contemplada por Kiev es proceder con la participación individual de los países que estén dispuestos a apoyarlo. Ucrania aspira a reunir al mayor número de países posible, de forma que los requerimientos y eventuales condenas de la corte se ejecuten en la mayor parte del mundo.
Países como Reino Unido y Alemania, que contemplan el riesgo de una mayor hostilidad de Rusia, sugieren el establecimiento de un “tribunal híbrido”, cuya legitimidad vendría de la jurisdicción ucraniana, aunque incorporaría jueces internacionales.
Yermak, el jefe de la oficina de Zelenski, lo rechaza: “Es inaceptable porque no tenemos garantías de que acabará con la impunidad” de los líderes rusos.
Kiev quiere un tribunal de legitimidad internacional y no una corte que refuerce la narrativa del “conflicto entre Estados”. Mientras intenta dar impulso al tribunal, Ucrania trabaja para reunir pruebas que permitan juzgar a los supuestos responsables de los más de 70,000 crímenes de guerra que dice haber registrado hasta el momento Kiev.
Para contribuir a esta misión, los participantes en la conferencia celebrada en Lviv se comprometieron a abrir “antes del verano” el Centro para la Investigación de Crímenes de la Agresión Rusa. Con sede en La Haya, el centro analizará y conservará pruebas para que puedan utilizarse en el futuro si se acaban enjuiciando los hechos.
¿Qué papel juega la sociedad civil ucraniana? A la movilización contra la impunidad contribuye asimismo la sociedad civil. Creado por Stanislav Aseyev, escritor y antiguo preso político de los separatistas pro-rusos en la autoproclamada república de Donetsk, el Justice Initiative Fund ofrece recompensas por informaciones que ayuden a la captura de los supuestos responsables de crímenes de guerra en Ucrania.