Chihuahua, Chih.- En el México actual, las y los ciudadanos son libres de manifestar su opinión sin temor a la represión, sin importar que estas manifestaciones provengan de los partidos y organizaciones cuya agenda consiste en atacar a la Cuarta Transformación.
La izquierda mexicana sufrió en carne viva los estragos de la represión durante los gobiernos del PRI y del PAN; jamás olvidaremos Atenco (2005) y Ayotzinapa (2014), o las numerosas otras ocasiones cuando el PRIAN usó la fuerza bruta para reprimir movimientos sociales. Por eso, la Cuarta Transformación garantiza, y garantizará en todo momento, el derecho a la libertad de expresión y de manifestación.
Sin embargo, es necesario hablarle con honestidad a la ciudadanía del estado de Chihuahua y aclarar que las manifestaciones del domingo 26 de febrero no son en defensa de la democracia: son en defensa de los privilegios de unos cuantos. Quieren volver a los tiempos donde ellos gozaban de salarios estratosféricos, nóminas infladas y fideicomisos opacos.
Observamos claramente como la Gobernadora de Chihuahua toma partido en el lado incorrecto de la historia. Como ciudadana, tiene todo derecho de acudir a manifestarse, aunque sea por una causa desprestigiada; sin embargo, su atención principal debería ser ponerse a trabajar para revertir la crisis de violencia que azota la entidad.
Mientras la señora acudía a la marcha, reportaban ejecutados desde Guerrero a Chihuahua y hasta Juárez; encontraron un vehículo incendiado en la carretera a Parral; y localizaron otro automóvil con un narco-mensaje dirigido a la Gobernadora. La vemos semana tras semana en actos proselitistas, cuando su atención debería estar en las familias de Chihuahua.
Dejemos las cosas claras. La oposición, la gobernadora, y los consejeros del INE son libres para manifestarse en defensa de sus privilegios. Pero es inmoral intentar engañar a la población con mentiras, descuidando su trabajo constitucional.
La realidad es que la Reforma Electoral aprobada por el Congreso de la Unión otorga mayor autonomía al INE; recorta burocracia innecesaria; fortalece mecanismos de representación y participación; limita el gasto en propaganda gubernamental; y blinda al sistema electoral mexicano de fraudes.
