CHIHUAHUA.- En 2022, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acreditó que aproximadamente diez exfuncionarios, cuyos nombres permanecen reservados, fueron víctimas de tortura «o algún otro trato cruel, inhumano o degradante» durante pasadas administraciones.
Tan solo el año pasado, la CEDH, según dio a conocer su titular, Néstor Armendáriz Loya, recibió treinta y dos quejas acerca de presunta tortura. Y —dijo— de esas sólo poco más de diez fueron procedentes, pues en el resto de los casos no se contó con evidencias para comprobar el delito.
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Mientras la resolución de algunas denuncias sigue pendiente, advirtió que, en la mayoría de situaciones, resulta complicado llevar a cabo las investigaciones correspondientes, pues la defensoría de algunas personas que enfrentan una causa penal suelen recurrir a dicho recurso para frenar o entorpecer el proceso.
Sin precisar fechas de los actos constitutivos de tortura, Armendáriz Loya mencionó que no ocurrieron en 2022, sino en 2021 y años anteriores —las más antiguas (señaló) provendrían de 2015—.
En todo caso, remarcó que se trata de hechos complicados de resolver, puesto que «la tortura es imprescriptible y, como violación a derechos humanos, tampoco corre un proceso, un lapso para presentar la queja».
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