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CHIHUAHUA.- A pesar de que la Fiscalía General del Estado (FGE) aceptara ceder a la Fiscalía General de la República (FGR) la investigación en contra del exfiscal de Derechos Humanos Francisco González Arredondo por el presunto delito de tortura psicológica contra exservidores públicos acusados de corrupción y desvío de recursos, la jueza de control Hortensia García Ramírez se opuso a turnar el caso al fuero federal y presentará un recurso de queja para revertir la decisión.
Iker Ibarreche Pereda, quien encabeza la defensoría de González Arredondo, informó que, a pesar de la resolución judicial de la FGE, García Ramírez, al considerar que se trata de índole local y no federal, resolvió anoche que no acataría la orden de entregarle los expedientes a la FGR, decisión confirmada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). En consecuencia, se suscitará entre Chihuahua y la dependencia un conflicto de competencias, el cual deberá resolver un tribunal federal colegiado en un lapso aproximado de 3 meses.
Este 11 de enero, la FGR, ejerciendo su facultad de atracción, realizó una audiencia en la que Vladimir Vejar Gómez, juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación, le solicitó a García Rodríguez que se declarara incompetente en el proceso, identificado con la causa penal 3176/2022, que instruyera a la FGE para que cediera los expedientes y que programara una audiencia federal.
La FGR remarcó que la disposición es de carácter unilateral, cuyo cumplimiento es obligatorio. De oponerse, puntualizó que se propiciaría el ahora probable conflicto de competencias e, incluso, que interpondría una denuncia contra la administración chihuahuense por desacato.
Además, Ibarreche Pereda le pidió a Vejar Gómez que retirara la medida cautelar de prisión preventiva contra González Arredondo y que, en cambio, le aplicaran arresto domiciliario. La FGR indicó que, una vez en posesión de las investigaciones, podría aprobarse con la condición de que entregara su pasaporte y visa para procurar que no saliera del país, que compareciera ante las autoridades de manera quincenal, que no se acercara a las víctimas y que entregara una garantía económica de 100 mil pesos.
