Ciudad de México.- Familiares de personas diagnosticadas con meningitis aséptica y que se realizaron procedimientos quirúrgicos en hospitales privados han presentado 40 denuncias ante la Fiscalía General de Durango.

Sonia Yadira de la Garza Fragoso, fiscal en la entidad, destacó que en esto se centra el esfuerzo para fincar responsabilidades en el menor tiempo posible.

Manifestó que se clausuraron tres hospitales que fueron señalados en las denuncias donde se aseguró medicamento, instrumental y expedientes relacionados al caso, con el trabajo conjunto de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprosed).

La funcionaria destacó que estas denuncias incluyen 60 pacientes, de los cuales, 11 no tuvieron diagnóstico positivo a meningitis, pero al conocer que fue el mismo hospital donde realizaron el procedimiento, decidieron mantener la querella, por lo que se continúa con las indagatorias.

“En este momento se tienen asegurados más de 2 mil 300 expedientes de dichos nosocomios, no precisamente son la cantidad de personas que fueron sujetas a procedimientos quirúrgicos donde hubo bloqueo, sin embargo, se están analizando y en los casos que sí hubo bloqueo, se genera una base de datos que se le proporcionan a la Secretaría de Salud del Estado para realizar el seguimiento de posibles pacientes que pudieran tener afectaciones”, sostuvo.

Explicó que a la primera víctima se le tomó la muestra correspondiente en la necropsia para analizar los tejidos y con motivo de esta toma de muestra se pudo establecer cuál era el tratamiento ideal que se les daría a las pacientes.

De la Garza Fragoso mencionó que para enriquecer la investigación se generó otra base de datos para con el nombre de la paciente, la fecha de procedimeinto, en qué lugar, qué médios y enfermedad participaron, así como el medicamento utilizado

Recalcó que este es un trabajo importante en conjunto con Cofepris, Coprised y la Fiscalía General del Estado porque pudiera haber responsabilidad penal y administrativa contra quien resulte responsable.