Ciudad de México.- La jueza Karla María Macías Lovera, titular del Juzgado Noveno de Distrito con residencia en Guanajuato, otorgó una suspensión definitiva contra el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Con el amparo 1161/2022, otorgado a Ángel Castro Gómez, representante de la asociación Uniendo Caminos México, la juzgadora revivió el freno otorgado para que el cuerpo de seguridad no sea incorporado a las Fuerzas Armadas.

En el amparo, la jueza ordenó que “las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Defensa Nacional suspendan de inmediato la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales”.

Para esto, hizo un llamado al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez, para que no se lleven a cabo las transferencias de recursos de una secretaría a otra.

Además, rechazó que con esta decisión se esté afectando al funcionamiento de la Guardia Nacional, ya que consideró que lo único que se está haciendo es mantener su operación como está establecido en la ley.

“Esta suspensión no causa perjuicio al interés social ni al orden público, porque no se obstaculizan las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues sólo continuará bajo el mando civil, tal como establece la Constitución”, aseguró.

Macías Lovera tomó esta decisión después de que la semana pasada un Tribunal Colegiado del estado de Guanajuato levantara una suspensión provisional que se había otorgado previamente y en el mismo sentido.

Sin embargo, el gobierno federal aún puede impugnar el fallo a través de un recurso de revisión para que el mismo tribunal colegiado que ya revocó la primera suspensión provisional pueda determinar si confirma, modifica o revoca la decisión.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del estado había revocado el freno otorgado el pasado 13 de octubre, argumentando que Castro Gómez no tenía interés jurídico o legítimo para solicitar la suspensión de la reforma.

Sin embargo, con su resolución de este lunes, Macías Lovera afirmó que “ha quedado demostrado que el quejoso es defensor de derechos humanos y que sus actividades implican el disfrute del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, constitutivos de la protesta social”.

Éste es uno de las 53 demandas que han realizado diferentes organizaciones de la sociedad civil en contra de la anexión de la Guardia Nacional al ejército mexicano.

El amparo fue presentado después de que el pasado 9 de octubre se aprobara un dictamen para que la SEDENA obtuviera el control operativo y administrativo de la GN en una sesión que duró más de 12 horas.