El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ordenó el jueves a las Fuerzas Armadas que faciliten el acceso de sus miembros al aborto, mientras un número creciente de estados aprueban restricciones a ese procedimiento.
En junio, la Corte Suprema anuló el derecho federal al aborto y devolvió a los estados la decisión sobre si permitirlo o no. Desde entonces, una docena de estados restringieron severamente o prohibieron la interrupción voluntaria del embarazo.
Eso dificulta el acceso al aborto a las integrantes de las Fuerzas Armadas, obligando a que aquellas que deseen abortar tome licencia y viajen a lugares donde el procedimiento es legal.
La decisión de la Corte Suprema «disminuyó el acceso a la atención de la salud reproductiva, con impactos en el reclutamiento, la retención y la preparación en toda la fuerza», dijo un funcionario del Pentágono a los periodistas.
«Creó complejidad, confusión y ansiedad para los miembros del servicio y sus familias, que ahora pueden necesitar viajar distancias significativas para recibir atención de salud reproductiva», agregó.
La ley federal prohíbe que el Departamento de Defensa financie o brinde servicios para abortar, excepto en casos de amenaza para la vida de la madre. Sin embargo, Austin emitió un memorando que indica otros pasos para facilitar el acceso.
Pidió al departamento que desarrolle una política que permita a las tropas tomar licencias administrativas para recibir «atención de salud reproductiva no cubierta» y que establezca asignaciones de viaje y transporte para ayudarlos a cubrir los costos.
El memorando también pide que se tomen medidas para aumentar la privacidad de sus miembros.
Estas incluyen extender el tiempo que tienen para informar a sus comandantes que están embarazadas y a los proveedores de atención médica del Departamento de Defensa que no pueden divulgar información sobre salud reproductiva a los comandantes.
Pero existen excepciones a ambas, como «peligros para la salud ocupacional» en el caso de la primera medida, y «daño a la misión» en la segunda.
Austin también quiere proteger a los proveedores de salud del Departamento de Defensa contra acciones legales que resulten del «desempeño adecuado de sus deberes oficiales».
