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Ocasionado en su mayoría por la violencia que se enfrenta en varios estados del país, los desplazamientos internos llegaron en 2021 a 48 mil, de los que 29 mil fueron causados por la inseguridad, revela el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés).
Según el organismo, hasta el momento el número de desplazados alcanza los 379 mil.
Destaca que en 2021 el desplazamiento asociado a la violencia se registró en Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas. La violencia criminal representó 95% del total, y la mayoría tuvo lugar en Michoacán, Guerrero y Chiapas.
El organismo multilateral no gubernamental precisa que en 2021 Michoacán fue la entidad más afectada con 13 mil desplazamientos, más de 10 veces la cifra de 2020: La violencia entre narcotraficantes, en particular entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos, desencadenó gran parte del desplazamiento. La violencia criminal también provocó 3 mil 600 desplazamientos en Zacatecas y más casos en Nayarit, la primera vez que se registra el fenómeno en ambos estados, explica.
Revela que alrededor de una cuarta parte de los desplazamientos provocados por la violencia a nivel nacional, involucraron a poblaciones indígenas, que también se vieron afectadas por la violencia intercomunal.
Esto último provocó alrededor de 380 desplazamientos entre comunidades indígenas y no indígenas en Chiapas y Oaxaca, donde los incidentes incluyeron casos de conflicto por la tierra.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), tan sólo a mediados de junio de este año, un total de 30 familias pertenecientes a la comunidad indígena raramuri fueron desplazadas de San Juan Guacayvo, en el municipio de Bocoyna, en Chihuahua, como resultado de amenazas directas y ataques realizados por grupos criminales contra su población.
El organismo civil destaca que en 2019, tras un largo periodo de omisión, el Estado mexicano reconoció oficialmente la existencia del fenómeno en el territorio nacional y se comprometió a atenderlo de forma integral.
Sin embargo, señala que aún no existe un marco normativo especializado a nivel federal que determine la distribución de recursos y responsabilidades entre las distintas autoridades que desde los tres niveles de gobierno estarán encargadas de diseñar e implementar las políticas coordinadas de prevención y atención integral al fenómeno.
Además, hace falta un diagnóstico integral para dimensionar y caracterizar la situación de desplazamiento interno a nivel nacional.
La CMDPDH agrega que el desplazamiento forzado interno es una violación de derechos humanos que se presenta cuando personas o grupos de personas se ven obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia habitual como consecuencia o para evitar los efectos de una situación de violencia generalizada, un conflicto armado, violaciones a los derechos humanos, desastres naturales o catástrofes provocadas por el ser humano, sin cruzar una frontera internacional.
La comisión puntualiza que gran parte de los mexicanos que tienen que dejar sus hogares suelen trasladarse a otro municipio, pero en el mismo estado. Sin embargo, hay una gran cantidad de víctimas de desplazamiento forzado que están migrando hacia el norte, una zona poco segura tanto para migrantes como para mexicanos.
Añade que Tijuana, Baja California, es la ciudad mexicana donde se concentra la mayor cantidad de desplazados, ya que representa uno de los puntos clave para tratar de ingresar a Estados Unidos.
