CARLOS JARAMILLO
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POR CARLOS JARAMILLO VELA
SCJN: una subordinación inédita.
Quizá en México jamás se había visto, o al menos no en las décadas recientes,
una postración tan clara como la que ha caracterizado durante el actual sexenio a
la relación del Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo. Durante el presente
gobierno ha sido evidente el sometimiento del ministro presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación a los designios del presidente Andrés Manuel López
Obrador. En reiteradas ocasiones el ministro Arturo Zaldívar, titular del más alto
Tribunal del país, ha salido a efectuar declaraciones en defensa de las posturas y
acciones del presidente López Obrador, a pesar de lo controversial y
comprometedor de éstas.
Es pertinente recordar que de manera frecuente el presidente ha traspasado los
límites legales que la Constitución del país le impone, es decir, ha transgredido las
normas jurídicas que delimitan su actuación. Asimismo, el mandatario ha
desacatado con total ligereza y desenfado los cánones de la diplomacia y la
política. Son varios los ejemplos de tal conducta alejada de las directrices jurídicas
y los protocolos políticos: las agresiones al INE y a su titular, cuando este instituto
ha sancionado a MORENA o a sus candidatos; las intromisiones y
descalificaciones hacia el trabajo de los jueces federales y del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, cuando las resoluciones de los juzgadores no
han sido del agrado presidencial; la injustificada declaración del Tren Maya como
asunto de seguridad nacional, solo para evadir las sentencias de amparo que
ordenaron la suspensión de las obras por su irregularidad legal y riesgos hacia el
medio ambiente; la irrespetuosa descalificación y la acusación de traidores a la
patria vertidas contra las diputadas y los diputados de oposición que se opusieron
a la iniciativa de reforma energética planteada por el presidente. El incumplimiento
de los contratos con las empresas nacionales y extranjeras generadoras de
energía y la obstaculización de sus trabajos e inversiones, a pesar de operar
dichas empresas al amparo de las leyes mexicanas y los tratados internacionales.
La abierta anticipada campaña electoral del presidente, MORENA y los aspirantes
presidenciales morenistas, impulsados todos ellos por el mismo presidente, a
pesar de estar legalmente impedidos para ello.
En todos estos casos el común denominador de la actuación del presidente de la
Suprema Corte ha sido actuar de modo tímido y con sumo tiento y cautela política
para evitar provocar el enojo del presidente López Obrador, quien por su parte
desde el inicio de su ejercicio gubernamental se ha conducido desafiando no solo
de manera tácita sino también verbal y expresamente al marco legal y a las
instituciones. El actual escenario político de México hace necesaria la fortaleza y
el respeto a los andamiajes institucional y jurídico. La inobservancia de la ley es
uno de los rasgos distintivos de las dictaduras. La presente coyuntura exige que
México cuente con un Poder Judicial verdaderamente autónomo, independiente Y

digno, que salvaguarde al país de los riesgos de la desmesura y el autoritarismo
que suelen afectar a quienes ostentan el poder político.

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