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Así de bien debió haberle caído a Pablo Gómez la declaración del Presidente de que “el Gobierno” -así, en genérico-, “no presentará ninguna denuncia penal en contra de ningún expresidente”.

Lo anterior excluye, desde luego, al expresidente Enrique Peña Nieto, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera (UF), que encabeza Gómez, investigaba por lavado de dinero y delincuencia organizada.

La semana pasada, el titular de la UF acudió a la mañanera para informar de la investigación a la que era sujeto Peña pues, explicó, se habían detectado movimientos en efectivo por algo así como 1.2 millones de dólares (25 millones de pesos), que supuestamente habían sido triangulados por familiares a las cuentas del expresidente.

A partir de ese hecho se generaron cualquier cantidad de conjeturas, aunque la mayoría apostaba a que la bomba quedaría en petardazo.

Y tal parece que lo será, a juzgar por los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Peña Nieto seguirá gozando de una inmunidad que genera sospechas, pese a que el propio Presidente niega que exista un pacto de impunidad con el mexiquense avecindado en España.

Sea como fuera, algo pasó el fin de semana que el tono de López Obrador volvió a ser condescendiente con Peña sin importar que, de paso, le haya restado autoridad a su “compañero” de lucha, Pablo Gómez.

Petardazo, pues.

Otro -ooootro- pleito entre morenistas dará mucho de qué hablar en los siguientes días. El coordinador de la bancada guinda en la Cámara de Diputados, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, su fiscal, Gilberto Higuera, el senador Alejandro Armenta y el extitular de la UIF, Santiago Niego, por los presuntos delitos de “revelación de secretos, tráfico de influencias y delitos cometidos por servidores públicos”.

La queja de Mier tiene que ver con la información difundida hace unas semanas en la que se daba cuenta de una investigación sobre presunto lavado realizada por la UIF de Nieto.

Al final, la propia UTF, ya sin Nieto como responsable, emitió un “enérgico” llamado de atención ala fiscalía poblana por “tergiversar” la información sobre dicha investigación.

Le podemos asegurar que el caso no quedará ahí.

Quienes tienen familiares recluidos o trabajando en el CEFERESO 15, en Tapachula, Chiapas, se quejan de “las violaciones sistemáticas de los derechos humanos” lo mismo de internos que de empleados.

En el caso de los internos, los quejosos aseguran que los mantienen incomunicados, les dan comida echada a perder, que no tienen ni aspirinas en el consultorio médico además de que son torturados Los trabajadores del penal, por su parte, se quejan de despidos injustificados por el hecho de negarse a participar en supuestos actos de corrupción de la directora, Adriana Tenopala y su equipo de funcionarios.

Por ejemplo, aseguran que la directora cobra espacios VIP para reclusos con poder económico, que se queda con las ganancias de las artesanías hechas por los internos, permite actos de prepotencia de sus funcionarios quienes, además, no cuentan con capacitación para manejar este tipo de instalaciones.

O sea, la historia de la mayoría de los penales en el país.

Familiares de internos y trabajadores del centro de readaptación -ajá-, presentarán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y buscan llevar su caso al Senado de la República.

Ojalá el gobernador Rutilio Escandón se dé tiempo para analizar la queja, antes de que las aguas salgan de cauce.