El gobierno federal vuelve a meter las manos para resolver “problemas” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esta vez para poner fin a la capacidad ociosa de transporte de gas natural que tiene la empresa productiva del Estado.
La Secretaría de Energía (Sener) que encabeza Rocío Nahle ha instruido al Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) implementar una estrategia a favor de la CFE, dirigida por Manuel Bartlett, que dará prioridad en el servicio de transporte a aquellos que cuenten con contratos con la Comisión o con algunas de sus filiales.
De acuerdo con la Sener, por la mala planificación de las administraciones pasadas, la CFE a fuerza debe cumplir con obligaciones contractuales, que a mayo de este año, representan para su filial CFE Internacional un servicio de transporte de gas natural en Estados Unidos de 21,000 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd).
De éstos, la CFE puede importar cerca de 8,200 MMpcd y se usan 3,500 MMpcd, lo cual equivale a 40% de la capacidad contratada.
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Mientras que en México, tiene contratos de servicio de transporte de gas natural de 18,000 MMpcd, de estos se utiliza el 68% de la capacidad, y esto significa para la CFE erogaciones por recuperar de 10,000 millones de pesos al año.
“Para dimensionar la gran cantidad de capacidad de transporte de gas natural contratado por las administraciones anteriores, (…) el transporte contratado en Estados Unidos equivale a 4 veces y en México a 3.4 veces la demanda máxima diaria de las centrales eléctricas de la CFE suministradas con gas natural”, argumenta la Sener.
Entonces advierte que es necesario resolver esta problemática “crítica” a través de una garantía de suministro para la optimización de capacidad en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas), la cual establezca criterios que determinen la asignación de la capacidad de transporte en este.
La Sener pide a la CRE realizar los actos necesarios para que los permisionarios de las actividades bajo su supervisión se ajusten a esos criterios de política energética que se establezcan.
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