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CHIHUAHUA.- Integrantes de la comunidad LeBarón llegaron a Palacio de Gobierno para reunirse con la autoridad y abordar el conflicto del agua en el cual los señalan como propietarios de un aproximado de 300 pozos de extracción ilegales.
Al respecto, el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno, señaló que no es la primera vez que se atiende a denunciantes de este problema, ya fuera de la familia LeBarón, de El Barzón o de organizaciones civiles.
Remarcó el funcionario que se trata de un asunto muy antiguo que ha imposibilitado el «sano desarrollo de la región». La decisión definitiva sobre la ilegalidad o no de los pozos —indicó— la posee la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
A pesar de que la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) multe y sancione cada día a quienes roban el líquido —sobre todo a agricultores— en la capital y en otros municipios, continúan los abusos indiscriminados.
Por ello, Jáuregui señaló la necesidad de que CONAGUA y autoridades estatales mantengan vigilancia constante en los pozos, evitando, además, una escasez de agua como la que enfrentan en Monterrey, Nuevo León.
