El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es actualmente investigado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), por el uso faccioso de información fiscal para perseguir a los que llama “sus adversarios” políticos.
Datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y hasta información privada en poder de ambas Cámaras del Congreso de la Unión podrían haber sido utilizadas para abrir las carpetas sobre los ingresos y propiedades de personas, así como contratos de publicidad.
Para ser contratista o proveedor de la Cámara de Diputados, por ejemplo, solicitan desde acta de nacimiento, cédula de identificación fiscal, constancia de situación fiscal, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, acta constitutiva, estado de cuenta bancaria y currículum de la persona física o moral.
Todo ello queda en manos de los partidos políticos, que deciden a partir de dicha documentación, si la persona es acreedora a recibir contratos de publicidad. Este es sólo uno de los mecanismos para la obtención de datos confidenciales que el presidente López Obrador aduce haber obtenido de “ciudadanos” desinteresados.
El presidente podría haber violado la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados al revelar información del periodista Carlos Loret de Mola. La unidad de transparencia de la Presidencia fue notificada del inicio de la investigación.
López Obrador exhibió, el jueves 7 de abril en la llamada “mañanera”, la factura de una propiedad del periodista Carlos Loret de Mola, en la que se exhibían datos personales del comunicador. Ya antes, en febrero, reveló supuestos ingresos y datos personales del comunicador.
Ello, a raíz de que el 27 de enero, Loret difundió una investigación de la agencia Latinus y la organización, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que evidencian a uno de los hijos del presidente, como inquilino de mansiones en Estados Unidos.
De acuerdo con la documentación, José Ramón López Beltrán, vivió en los últimos años en dos casonas en Houston, Texas, cada una con un valor de casi un millón de dólares. Una de ellas pertenece al accionista de una empresa contratista de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Keith L. Schilling era un alto ejecutivo en Baker Hughes, empresa con contratos vigentes con el gobierno de López Obrador por más de 151 millones de dólares en obras para Pemex y que, además, actualmente vende compresores y turbinas para la nueva refinería de Dos Bocas.
Sin embargo, pese a este evidente conflicto de interés, hace unos días la Secretaría de la Función Pública (SFP) exoneró no sólo al mandatario y su hijo por este caso, sino también al empresario Daniel Chávez, cuyo uno de sus hijos es el patrón de José Ramón en una empresa radicada en Estados Unidos.
La SFP determinó que no existe “conflicto de interés, cohecho ni soborno”. Chávez Morán, es “asesor” en el Tren Maya, proyecto prioritario de López Obrador, quien aduce que el empresario “no cobra”, expresión que fue suficiente a la SFP para determinar que no hay conflicto de interés.
“Es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorifico en el Tren Maya, pero no cobra ni tenemos ninguna relación de negocios. Él no tiene ningún negocio en el gobierno, no hay ningún problema de intereses”, afirmó en una de sus conferencias.