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CHIHUAHUA. Myriam Hernández Acosta, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), señaló que fue ilegal la detención de los 7 presuntos implicados en el asesinato de dos agentes, un funcionario federal y cuatro civiles en el municipio de Janos. Por ende, refirió, la ley mandató su liberación. 

«Estamos comprometidos con los temas que le interesan a la sociedad, pero de ninguna manera podemos pasar por encima de lo que nos mandata la Ley. […] La determinación del juez, de acuerdo a los documentos y lo que se presentó, fue qué detención fue ilegal. Y ante eso, tienen sus recursos legales expeditos para tramitar lo que a su derecho convenga», puntualizó.

Los supuestos victiminarios, Benjamín V. L., de 47 años; Ángel Fernando G. L., de 35; José Daniel N. O., de 32; Alan Eduardo P., de 23; Jairo G. T., de 36; Javier Antonio O. S., de 30 y Joel Ramón P. D., de 18, fueron liberados ayer después de que así lo ordenara el juez Marco Antonio Palma Meléndez. Incomunicación e incumplimiento a los protocolos de aprehensión, fueron los motivos.

Alrededor de las 6:00 PM del pasado viernes, sujetos armados emboscaron y mataron a balazos a Alejandro Domínguez Cabriales, primer comandante de la Agencia Estatal de Investigación (AEI); su escolta, Manuel Gil Malo Solano; Lorenzo Gabriel Pico Escobar, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM); y tres civiles.

Según información de la Fiscalía General del Estado (FGE), los sujetos fueron interceptados por el sicariato cuando se encontraba sobre la carretera que conecta a Janos con Ascensión, a la altura del rancho San José.

Transéutes registraron con sus celulares que en el lugar yacía, a bordo de una camioneta abandonada, un hombre con herida de bala en la cabeza, y, más adelante, dos trocas incendiadas; una sobre el asfalto, otra empujada hacia un desnivel.

Ese mismo día, los siete individuos fueron capturados en el kilómetro 238 de la carretera Janos a Nuevo Casas Grandes. Se les confiscaron 400 mil pesos en billetes de varias denominaciones, 2 kilos 372 gramos de marihuana, armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas, una Lincoln Navigator sin placas y —matriculadas— dos pick up GMC y una Traverse Chevrolet.

Mediante un comunicado, la FGE se mostró inconforme respecto a la resolución e hizo un llamado al Poder Judicial para trabajar en conjunto en el combate a la delincuencia organizada.

Ante esto, mencionó Hernández que existe coadyuvancia con el Ministerio Público y que, en ese mismo esquema, pide apoyo de la FGE. «Estamos en la mejor disposición, pero pedimos exactamente lo mismo de la Fiscalía, ¿verdad? Su participación y su colaboración de la misma forma que nosotros la brindamos», concluyó.