Advertimos en este mismo espacio que mientras le daban vueltas y vueltas al tema de los ultrajes a la autoridad, se hacía toda una faramalla para enmendar la plana a la inepta Fiscalía General del Estado (FGE).

Todo esto, porque las autoridades responsables de ejecutar esa función, fundamentaron desde el principio en la practicidad de montar el delito, la intención de acabar con todo aquel que osara interponerse en los planes del régimen estatal.

Así, Verónica Hernández Giandáns guiada por la mala conseja del funcionario que más daño le ha infringido al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, volvió a asesorar mal al Ejecutivo, asegurando que, con ese delito, todo se mantendrían a raya y sin problemas.

Provocando un verdadero dolor de cabeza para los legisladores veracruzanos, que una vez más debieron aprobar una reforma que sabían sería inconstitucional y sería llevada hasta la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en donde les volverían a enmendar la plana.

Y es que originalmente, el delito “de ultrajes a la autoridad” contenido en el Código Penal en su artículo 331 afirmaba “Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”.

La historia de este desatino legal, permitió finalmente, comprobarle al mismo Gobernador García Jiménez y a la sociedad veracruzana que en estas dos posiciones los habitantes de este territorio tienen enemigos y no aliados de la sociedad.

Porque con el mismo desparpajo se detiene a una ama de casa, que a un político opositor, que a un delincuente.

Por fortuna y para suerte de los veracruzanos, los legisladores encargados de analizar la reforma enviada en su momento por el Ejecutivo, prestaron atención a las opiniones de los especialistas del Derecho, que fundaron y motivaron el razonamiento jurídico que a final de cuentas imperó en la SCJN.