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La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) defendió la intervención de sus elementos que acudieron a la marcha de este sábado 8 de marzo en la ciudad de Chihuahua. En oposición a los señalamientos de mujeres y colectivas feministas que formaron parte del contingente, descartó cualquier abuso de fuerza, e incluso afirmó que, en todo momento, «se privilegió la libertad de expresión».
Los agentes de la Policía Estatal, según su titular, Gilberto Loya Chávez, recibieron la supuesta instrucción de velar por la integridad de las manifestantes, y no fue hasta que una comitiva ingresó en el edificio Melchor Ocampo, en donde se encuentran las oficinas de Registro Civil, que las fuerzas del orden, encubiertas, arrestaron a las mujeres que provocaron daños en el inmueble, debido a que en su interior se localizaba una guardia.
En sus palabras: «Nosotros en todo momento estamos convencidos de que la libertad de expresión se debe privilegiar. En esta marcha así lo hicimos: privilegiamos la libertad de expresión en todo momento. Nuestro plan de operaciones era muy preciso en cuanto cuál tenía que ser nuestro actuar. Y así fue: nosotros permitimos la libertad de expresión».
Incluso descartó que los policías estatales llevaran a cabo ataques directos en contra de las mujeres, de forma que, en su línea de pensamiento, las grabaciones en donde un grupo de hombres arrastra a una mujer hasta la patrulla fue una medida «de protección» para sacarla —a ella y a las otras dos mujeres que fueron detenidas— del peligro. Protocolo de «contención», lo describió.
En cuanto a las seis denuncias que ayer recibió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra de la SSPE, Loya Chávez informó que no han derivado en alguna recomendación. No obstante, declaró que, de recibirla, la corporación presentará documentos y elementos de prueba que afiancen sus palabras.
