Ciudad de México, 25 de junio de 2024.- La militarización de México es un hecho. No hay elementos en el Congreso de la Unión para detener la incorporación de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pues Morena ganó la mayoría legislativa en el Congreso. Tanto la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, como el presidente Andrés Manuel López Obrador insisten en la idoneidad de esa medida y ese es el camino a seguir. Sin embargo, lo cuestionable es el resultado de esa estrategia: la incorporación de las Fuerzas Armadas para detener la crisis de inseguridad no resultó, los asesinatos siguen creciendo a lo largo y ancho del país alcanzado los 190,774 hasta ayer, convirtiendo al gobierno de AMLO en el más violento de la historia del país.
Además, la incorporación de leyes y reglamentos para evitar Ejército y la Marina entreguen cuentas de las obras públicas asignadas por el gobierno del presidente López Obrador, argumentando se trata de asuntos de “seguridad nacional”, permitió la llegada de dinero en efectivo y en abundancia a la jerarquía militar y marina empujando la corrupción de los altos mandos con total impunidad, pero sin resultados palpables, ni en calidad en las construcciones ni en servicios. Aeropuertos, puertos, ferrocarriles, infraestructura estratégica ha pasado al control de las Fuerzas Armadas, lo cual ha representado se dedique al Ejército y la Marina al menos uno de cada 10 pesos del presupuesto conjunto de las dependencias federales, reduciendo considerablemente el gasto asignado a otras ramas.
Pero la calidad de las obras no es sobresaliente y mucho menos la funcionalidad para los fines que originaron su construcción, por el contrario, son sumamente cuestionables, sobre todo por el ecocidio alcanzado y denunciado sobre todo en el Trena Maya, las violaciones de normatividad en casi todos los niveles y la poca funcionalidad de las “megaobras” vista hasta el momento. Por si no fuera suficiente se duda de su rentabilidad y se consideran un lastre al ser subsidiadas hasta para su diaria operación.
La corrupción impera y es inocultable pues llega a los más altos niveles. Investigaciones periodísticas revelan a los amigos de los hijos del presidente López Obrador, integrantes del llamado “Clan” sobornaron a militares encargados de las obras públicas. Amílcar Olán, célebre tabasqueño, quedó en evidencia en audios dados a conocer por Latinus, quien indicó que los militares sobornados en el caso de las obras del Tren Maya, los aeropuertos de Santa Lucía y Tulum, y las sucursales del Banco del Bienestar, son: el mayor Juan Edmundo Mayorga Castro, el general de División, Gustavo Ricardo Vallejo, así como José Luis Martínez Beltrán, teniente coronel y el capitán Wady Carreño Marcelino. En los audios, Amílcar también señala a Pedro y Osterlen Salazar Beltrán, como uno de los encargados de cerrar los acuerdos, proponer sobornos a los miliares y entregarles dinero.
A finales del mes de mayo se detuvo a otro militar en Chetumal, dentro de un antro en el cual comenzaba a escandalizar. Quienes intentaron subirlo a la patrulla fueron amenazados, pero para medir con quien se estaban metiendo salieron a relucir fajos de dinero, calcularon cerca de un millón de pesos y en efectivo, por supuesto.
FUERZAS ARMADAS ENRIQUECIDAS
Datos de la Secretaría de Hacienda revelan: con la integración de empresas e infraestructura bajo su mando, como el Tren Maya y aeropuertos, las fuerzas armadas han mantenido una participación constante en el presupuesto del sector público con abundantes recursos que se les han canalizado sin tener que presentar prácticamente las cuentas de los mismos al Congreso de la Unión o a la opinión pública mexicana. Total, opacidad hay en torno al manejo de estos abundantes recursos en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Revisemos:
En el primer año de ejercicio de esta administración, en 2019, la Sedena y la Marina Ejercieron 10.6 pesos de cada 100 con los que contaron en los ramos administrativos, como se identifica en el Presupuesto a las Secretarías de Estado. Este porcentaje se ha mantenido con mínimas variaciones a lo largo del gobierno de AMLO. El año pasado, la participación fue de 10.1 por ciento, con una reducción mínima, mientras se ha disminuido en otras dependencias, como sucedió con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICYT). En 2023, la Sedena y la Semar fueron, respectivamente, la cuarta y sexta dependencia que más gastaron por encima del presupuesto aprobado por el Congreso al inicio del ejercicio: un total de 55 mil 47 millones de pesos, lo cual hizo crecer sus erogaciones conjuntas en 35.8 por ciento, según los datos de Hacienda.
Los informes hacendarios muestran aprobaron al Ejército 111 mil 911.64 millones de pesos de presupuesto para 2023, pero terminó el año con un gasto de 151 mil 179.9 millones de pesos; y en la Marina también se extendieron los recursos de 41 mil 878.1 millones originalmente presupuestados a 57 mil 657 millones de pesos. Sin embargo, la inyección de recursos a las fuerzas armadas va más allá de los ejercicios presupuestales. En 2019, el gasto de la Sedena creció de 106 mil 629 millones de pesos a 151 mil 179.9 millones el año pasado. Integró a su estructura el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica; al Tren Maya; al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y a la Aerolínea del Estado Mexicano.
Para el caso de la Semar, el gasto refleja un incremento en términos reales, al pasar de 33 mil 997.9 millones de pesos en 2019 a 57 mil 657.8 millones de pesos, pues esta dependencia se ha hecho de aeropuertos, puertos y ferrocarriles al amparo de esta administración. De la SICT salieron la mayor parte de los activos integrados a la Semar a lo largo de esta administración. Primero la marina mercante, luego el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, empresa distinta al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, también bajo control de la Marina.
En los hechos, los marinos ya operaban el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y el año pasado por decisión del actual gobierno, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México pasó al control presupuestal de la Marina y a éste, además del Benito Juárez, se le entregaron las concesiones de los aeropuertos internacionales de Toluca; Matamoros, Tamaulipas; Loreto, Baja California Sur; Guaymas, Sonora; así como los de Colima, Ciudad del Carmen, Campeche; y Ciudad Obregón. La calidad del servicio no aumentó, aunque si los controles militares.
CLAN DE SOBORNOS
Los audios difundidos por Latinus, que en estos momentos es sometido a una ruda persecución fiscal por parte de la administración federal, exponen: Amílcar Olán, amigo de los hijos de López Obrador, se ha reunido con Gustavo Ricardo Vallejo, líder de este grupo de ingenieros militares, y Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, a quienes les ha vendido miles de metros cúbicos de balasto, además de aumentar el precio del flete de este material y cobrar por más piedra de la que realmente entregan.
Amílcar Olán corrompió al Agrupamiento Felipe Ángeles, la cúpula de ingenieros militares que en este sexenio han recibido miles de millones de pesos de presupuesto para la construcción de los aeropuertos de Santa Lucía y Tulum, el Tren Maya y las más de dos mil sucursales del Banco del Bienestar. El reportaje asegura que tanto Amílcar como los primos de los hijos del presidente tiene contacto con la cadena de mando dirigida por Ricardo Vallejo, entre los cuales destaca el mayor Juan Edmundo Mayorga Castro, quien es el encargado de asignar todos los contratos para el balasto. En el tramo 5 del Tren Maya sería el coronal José Luis Martínez Beltrán, ingeniero residente de obra y con quien acuerdan el precio de la piedra, el flete y las ganancias que el militar se lleva. En tanto, en el tramo 6 figura el capitán Wady Carreño Marcelino, administrador de contratos del Istmo y quien le presta maquinaria a Amílcar Olán y los sobrinos de AMLO para acelerar la descarga del balasto.
CERO TRANSPARENCIA
Representantes de ONG alertaron: en el sexenio de AMLO, la falta de transparencia en el uso de recursos por parte de la Fuerzas Armadas ha sido constante, aunado a que su actuación en seguridad pública es cuestionable debido a las cifras de letalidad. Alicia Franco, analista de Datos en Data Cívica, destacó: “las Fuerzas Armadas en ocasiones actúan de manera opaca y dificulta el acceso a información sobre sus operaciones. A pesar de las declaraciones afirmando no hay una guerra oficial, los datos muestran una mayor letalidad de las FA en comparación las fuerzas de seguridad civil…lo que vemos es que cuando las Fuerzas Armadas están en enfrentamiento, casi el 90% de las personas fallecidas son civiles”.
Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico en México contra la Delincuencia, dijo encontraron que una parte significativa del presupuesto asignado a la Sedena y Semar se desvió hacia destinos no aprobados, lo que planteó serias dudas sobre su uso adecuado; Pepe Flores, director de comunicación de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, luego de una década de investigar el uso de capacidades de vigilancia por parte del Estado, descubrieron que el Ejército ha realizado espionaje contra defensores de derechos humanos, periodistas y activistas.
Por su parte, Paola García, integrante del programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, destacó es preocupante el uso, cada vez mayor, de la Guardia Nacional en los procesos de detención migratoria pues han aumentado las violaciones a los derechos humanos. Pero, como se dice coloquialmente: ·ya podrán decir Misa…” la integración militar de la Guardia Nacional, así como la elección por voto popular y directo de jueces y magistrados, simplemente…va… pésele a quien le pese”.
DE LOS PASILLOS
No será de juego y mucho menos de pleito cortito el encuentro entre el turistero Fernando Barbachano y el inversionista Rodolfo Rosas. Como se recordará, éste último enfrentó nada más y nada menos que a Donald Trump, así que no se duda sabrá defenderse de los abusos del yucateco. Tratándose de posesión de tierras, en la península yucateca son los meros, meros en fraudes e invasiones… Mientras se persigue sin tregua Loret de Mola, a Latinus, se celebra la liberación de Julián Assange y se presume de respetar la libertad de expresión. Para López Obrador el hecho de no existir una declaración de inocencia con lo cual quedaría plasmada la protección a la labor informativa, no tiene la menor importancia, como diría Arturo de Córdoba. Lo interesante es dejar establecido él influyó en esta liberación tan cuestionable al verse obligado a una declaración de culpabilidad con la cual todo se ensombrece.