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En la actualidad, hay alrededor de 180 personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado, la mayoría provenientes de la Sierra Tarahumara o de zonas rurales. O, más bien, el gobierno tiene conocimiento de esos casos, porque la realidad podría ser más grave.

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Así lo advirtió Norma Ledezma, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El silencio de quienes han vivido esta injusticia —dijo— surge porque temen ser objeto de amenazas o represalias.

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