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Opinión de Ricardo Monreal

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El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, para considerar como de interés público y de seguridad nacional la realización de obras a cargo del Gobierno de México, asociadas a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, y aquellas prioritarias y estratégicas, lo que ha generado una ola de comentarios, críticas y defensas, por lo que no sorprendería que en próximos días la oposición presentara alguna acción de inconstitucionalidad para que el Poder Judicial se pronuncie sobre este acto.

El acuerdo tiene como objetivo principal que se otorguen autorizaciones provisionales, permisos o licencias necesarias a proyectos y obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, la modernización de puertos, la rehabilitación de las refinerías y la nueva refinería en Dos Bocas, para garantizar su ejecución en tiempo y forma, respecto del ejercicio de su presupuesto y para beneficio de la sociedad.

No olvidemos que estos proyectos de infraestructura tendrán un impacto enorme en materia de política energética y desarrollo turístico, que son dos sectores primordiales en la obtención de recursos para nuestro país, y los cuales forman parte de los 100 compromisos del titular del Poder Ejecutivo adquiridos con el pueblo de México, para lo cual restan sólo tres años, por lo que cualquier contratiempo podría poner en riesgo su cumplimiento.

El acuerdo se fundamenta, entre otros, en el artículo 26 constitucional, que establece la facultad del Estado para organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía. No cabe duda de que las materias que abarca el acuerdo publicado el pasado 22 de noviembre son de interés público, pero quienes consideren que este acto constituye una violación al orden constitucional tienen el derecho —que muy probablemente ejercerán— de controvertirlo ante el máximo tribunal constitucional, que tendrá la última palabra.

La autorización provisional establecida tendrá una vigencia de doce meses, periodo en el cual se deberá obtener la autorización definitiva, por lo que no se pretende dejar en la opacidad las condiciones mediante las cuales se obtienen los permisos, sino simplemente agilizar la burocracia de aquel elefante reumático en que se puede convertir el Estado, ante una oposición decidida a demorar las acciones de gobierno, con el único fin de entorpecer el proceso de transformación que ha sido ratificado en repetidas ocasiones por la ciudadanía mexicana.

Los proyectos prioritarios no lo son por un simple capricho, son fundamentales para llevar a cabo el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene objetivos tan relevantes como garantizar nuestra soberanía energética, impulsar la reactivación económica y promover el desarrollo en el sureste mexicano, una región históricamente marginada, que debe ser atendida sin demoras.

 

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